Antolino Gallego
Coordinador del laboratorio UIMA-Universidad de Granada
Publicado en Opinión
Ideal de Granada
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16/7/2026
Hace décadas que numerosos investigadores, técnicos forestales y habitantes del medio rural vienen advirtiendo de las consecuencias del abandono progresivo de nuestros montes. Sin embargo, solo cuando un gran incendio ocupa las portadas volvemos a preguntarnos qué ha fallado.
La respuesta es incómoda porque no existe una única causa. Los grandes incendios del siglo XXI son el resultado de la suma de muchos factores que llevan décadas acumulándose.
El primero es económico. Gran parte de nuestros montes, especialmente en las zonas más áridas del sureste español, apenas generan rentabilidad. Han desaparecido muchos de los aprovechamientos tradicionales —madera, leñas, esparto, pastoreo o biomateriales— y, con ellos, el campesinado que vivía del monte y lo mantenía gestionado. Aunque algunos trabajamos con esperanza y ciencia para desarrollar nuevos productos forestales y dar valor a determinados bosques madereros, debemos ser realistas: nunca será posible rentabilizar todos los montes.
A ello se añade un profundo cambio social. La población se concentra cada vez más en las ciudades, los jóvenes abandonan el medio rural y el conocimiento acumulado durante generaciones sobre la gestión del territorio se pierde poco a poco. Paradójicamente, mientras el monte se vacía de quienes lo trabajaban, aumenta el número de viviendas dispersas ocupadas por residentes temporales o personas jubiladas que buscan vivir rodeadas de naturaleza, pero que ya no forman parte de la economía rural tradicional.
Durante años también se ha extendido la idea de que conservar el monte consiste, simplemente, en no intervenir sobre él. Sin embargo, los ecosistemas mediterráneos han convivido durante siglos con una gestión humana continua. En muchos casos, abandonar un monte no significa conservarlo mejor, sino hacerlo más vulnerable frente a incendios, plagas o sequías.
Todo ello coincide con un escenario climático mucho más exigente. Los científicos llevan años advirtiendo de que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y los episodios meteorológicos extremos favorecen incendios cada vez más rápidos, intensos y difíciles de controlar. Las lluvias torrenciales tras el incendio hacen aún más dramáticas las consecuencias
Ante esta realidad, quizá debamos aceptar una idea incómoda: igual que no podemos impedir que existan terremotos, tampoco podremos evitar que se produzcan grandes incendios forestales. Nuestro objetivo debe ser reducir su frecuencia cuando sea posible, minimizar sus consecuencias y proteger a la población.
Eso fue precisamente lo que entendió Australia tras los devastadores incendios del denominado Black Saturday en 2009, en los que murieron 173 personas y más de 3.500 edificios fueron destruidos. Aquella tragedia impulsó una profunda revisión de la normativa de construcción en zonas con riesgo de incendio forestal. La norma australiana AS 3959 establece distintos niveles de riesgo —conocidos como Bushfire Attack Level (BAL)— en función de la vegetación, la pendiente o la distancia al combustible forestal, y adapta las exigencias constructivas a cada situación. No solo regula materiales resistentes al fuego, sino también aspectos como el diseño del edificio, la orientación, la protección de huecos, la gestión de la vegetación próxima y la planificación urbanística. El objetivo no es impedir que llegue el incendio, sino aumentar las posibilidades de supervivencia de las viviendas y las personas y dar tiempo suficiente para una evacuación segura.
Un cambio de esta magnitud exige además una forma distinta de diseñar las políticas públicas. La adaptación frente a los grandes incendios no puede abordarse únicamente desde la ingeniería forestal. Debe construirse desde equipos multidisciplinares en los que participen ingenieros de montes, arquitectos, ingenieros de edificación y civiles, urbanistas, geógrafos, expertos en protección civil, sociólogos, economistas y especialistas en clima. Solo una visión transversal permitirá desarrollar normas capaces de integrar la gestión del monte con la planificación territorial, el diseño de las edificaciones y las infraestructuras y la seguridad de las personas.
España debería abrir un debate similar con urgencia.
Nuestro urbanismo ha permitido durante décadas la proliferación de viviendas aisladas en zonas forestales de elevado riesgo sin adaptar suficientemente las normas de construcción ni la planificación territorial a esta nueva realidad. En un contexto de incendios extremos, seguir construyendo igual que hace treinta años es ignorar que el riesgo ha cambiado.
Naturalmente, la prevención seguirá siendo imprescindible. Allí donde exista potencial económico debemos recuperar una gestión forestal muy activa que genere empleo, madera, pastos, biomateriales y otros servicios ambientales capaces de mantener vivo el territorio. Para estas zonas forestales con potencial económico, debemos intensificar el apoyo a la industria forestal y las ayudas para el uso de productos forestales locales y hacerlos competitivos en un mercado globalizado.
Pero también debemos reconocer que existen amplias zonas semiáridas donde esa rentabilidad será siempre muy limitada o nula.
En esos casos, la prioridad debe ser otra: adaptar nuestras infraestructuras, nuestras viviendas, nuestro urbanismo y nuestros planes de emergencia a un escenario donde los grandes incendios seguirán formando parte del paisaje mediterráneo.
Porque el verdadero fracaso no es que exista un incendio. El verdadero fracaso sería seguir actuando como si nada hubiera cambiado.